La cadena autonómica À Punt ha generado controversia tras anunciar la contratación de Francis Puig, a pesar de su reciente sanción por amañar concursos. Esta decisión ha suscitado críticas debido a la relación de Puig con el exjefe del Consell, Ximo Puig, y las implicaciones éticas que conlleva. À Punt justifica su elección argumentando que no existe un impedimento jurídico que prohíba la colaboración con su empresa, Comunicacions dels Ports. La cadena ha firmado un convenio para mejorar la producción de contenidos locales, lo que incluye la participación de 25 empresas colaboradoras en la Comunitat Valenciana.
La sanción impuesta a Francis Puig y sus socios por la Comisión de Competencia, que ascendió a 43.000 euros, ha sido un punto de discusión. A pesar de esto, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, ha levantado la prohibición de contratar con la administración pública, permitiendo así que À Punt continúe su relación laboral con él. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de contratos públicos, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación.
