La reciente sesión del Consell, celebrada el martes, ha marcado un nuevo capítulo en la tensión entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. La vicepresidenta Susana Camarero anunció que se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en respuesta a la normativa del Ejecutivo central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Este conflicto se centra en la asignación de 571 menores que, según el decreto del Gobierno, deberían ser acogidos en la Comunitat Valenciana, una decisión que ha sido calificada por Camarero como «unilateral» y «no negociada».
La situación de los menores migrantes ha cobrado relevancia en el debate público, especialmente en un contexto donde la presión política del partido Vox ha influido en las decisiones de las administraciones. La Generalitat, bajo la dirección de Carlos Mazón, ha decidido llevar a cabo este recurso como una forma de defender sus competencias en materia de protección de menores, argumentando que el reparto propuesto por el Gobierno central no solo es injustificado, sino que también infringe el orden constitucional de distribución de competencias.
### Contexto del Recurso Contencioso-Administrativo
El recurso que se presentará ante el Tribunal Supremo se suma a otro ya interpuesto en mayo ante el Tribunal Constitucional, que cuestiona la constitucionalidad del Real Decreto-ley del Ministerio de Infancia y Juventud. Este último decreto establece las bases para el reparto de casi 4,000 menores migrantes que han llegado a Canarias en los últimos meses, muchos de los cuales se encuentran en condiciones de hacinamiento. Camarero ha enfatizado que la falta de planificación y recursos adecuados por parte del Gobierno central es inaceptable, ya que la Comunitat Valenciana ya enfrenta una ocupación del 160% en sus plazas de acogida.
La vicepresidenta ha criticado la propuesta del Gobierno de destinar 7,4 millones de euros para el traslado de estos menores, señalando que esta cantidad es insuficiente. Si se distribuyera equitativamente entre los 571 menores, el presupuesto diario por menor sería de solo 34 euros, muy por debajo de los 218 euros que actualmente se invierten en cada menor en el sistema valenciano. Esta disparidad pone de manifiesto la falta de apoyo financiero y logístico que enfrenta la Generalitat en este proceso.
Camarero ha declarado que el nuevo recurso es una extensión del anterior, argumentando que cada acción del Gobierno central que afecte a la autonomía de la Generalitat será recurrida. La defensa de las competencias autonómicas en materia de protección de menores es un tema crucial, especialmente en un momento en que la migración se ha convertido en un tema candente en la política española.
### Implicaciones Políticas y Sociales
El conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España no solo tiene repercusiones legales, sino que también refleja las tensiones políticas en el país. La presión del partido Vox sobre el PP ha llevado a una mayor polarización en el debate sobre la migración, lo que ha influido en la postura del Consell. La decisión de aceptar o rechazar la acogida de menores migrantes se ha convertido en un tema de debate que trasciende la política local, afectando la percepción pública sobre la gestión de la inmigración y la responsabilidad social del Estado.
La situación de los menores migrantes no acompañados es crítica, y la falta de recursos adecuados para su atención plantea serias preocupaciones sobre su bienestar. Las entidades que trabajan en el sistema de protección de menores han expresado su preocupación por la falta de infraestructura y personal, lo que podría llevar a un deterioro en la calidad de atención que reciben estos menores. La Generalitat ha manifestado que, sin un plan claro y recursos suficientes, no podrá garantizar la atención adecuada que estos menores necesitan.
El debate sobre la migración y la acogida de menores es un tema que seguirá siendo relevante en la política española, especialmente con la llegada de nuevas olas migratorias y la presión de partidos políticos que utilizan este tema para ganar apoyo electoral. La Generalitat, al interponer este recurso, no solo está defendiendo sus competencias, sino que también está planteando un desafío a la forma en que se gestionan las políticas migratorias en el país. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante para futuras decisiones sobre la acogida de inmigrantes y la distribución de responsabilidades entre las distintas administraciones.
