La reciente denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia ha puesto de nuevo en el centro del debate la cuestión de la memoria histórica en España, particularmente en el municipio de Benaguasil. La sección de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha solicitado al juez decano de Llíria que investigue la posible infracción de la ley estatal de Memoria Democrática de 2022, debido a la persistencia de vestigios franquistas en el cementerio municipal de la localidad. Este hecho ha sido denunciado por un vecino, quien alertó a la Fiscalía sobre la falta de acción del ayuntamiento en la retirada de estos símbolos.
La Fiscalía ha intentado en varias ocasiones obtener información del consistorio sobre las medidas adoptadas para eliminar estos vestigios, pero sus solicitudes han sido ignoradas. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a remitir las diligencias de investigación al juzgado, argumentando que los hechos podrían constituir un delito de infracción de la ley de Memoria Democrática. La polémica no es nueva, ya que desde hace tiempo, diversas entidades y partidos políticos han criticado la permanencia de inscripciones en el mausoleo central del cementerio, que incluyen frases como «En memoria de los caídos» y «Caídos por Dios y por España». A pesar de las múltiples denuncias, el ayuntamiento ha hecho caso omiso a estas peticiones, lo que ha generado un clima de tensión en la comunidad.
La postura del Partido Popular en Benaguasil ha sido clara: rechazan la retirada de estos vestigios, argumentando que abrir estas heridas del pasado no es necesario. Esta resistencia a la eliminación de símbolos franquistas se ha visto reflejada en la falta de acción del consistorio, que ya había recibido requerimientos de la extinta Conselleria de Participación y Memoria Democrática en el pasado, sin que se tomaran medidas efectivas. En el último catálogo de vestigios franquistas, publicado antes de la llegada del nuevo Consell de PP y Vox en 2023, se identificaron más de medio centenar de restos de la guerra y la dictadura en el espacio público, incluyendo inscripciones, cruces y monumentos.
La situación se complica aún más con la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a la retirada de estos vestigios. En 2023, se había habilitado una partida de más de medio millón de euros para ayudar a ayuntamientos y asociaciones en la recuperación de la memoria histórica, pero estas ayudas han desaparecido tras la aprobación de la ley de Concordia, que anula la ley valenciana de memoria democrática, aunque la ley estatal sigue vigente. El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, ha declarado que la Fiscalía notificó al ayuntamiento sobre un monolito, pero asegura que el asunto ya está solucionado. Sin embargo, su respuesta ha sido criticada por la comunidad, que siente que sus preocupaciones no están siendo atendidas.
El panorama de la memoria democrática en la comarca es dispar. Recientemente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se reunió con representantes del Ayuntamiento de Llíria y con familiares de víctimas del franquismo para discutir subvenciones destinadas a la localización y exhumación de restos de víctimas. Bernabé ha manifestado que la recuperación de la memoria democrática es un deber institucional y ha criticado los presupuestos de la Generalitat Valenciana, que considera insuficientes para abordar esta problemática. La ley de Concordia ha sido objeto de controversia, ya que el Tribunal Constitucional ha suspendido artículos que restringen los derechos de las víctimas y sus familias.
La lucha por la memoria histórica en Benaguasil y en otras localidades de la Comunitat Valenciana refleja un conflicto más amplio en la sociedad española. La persistencia de vestigios franquistas en el espacio público plantea preguntas sobre cómo se aborda el pasado reciente del país y cómo se reconoce el sufrimiento de las víctimas del franquismo. La falta de acción por parte de las autoridades locales y la resistencia de ciertos sectores políticos a eliminar estos símbolos complican aún más la situación.
La memoria democrática no solo es un tema de justicia histórica, sino que también tiene implicaciones en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con todos sus ciudadanos. La lucha por la memoria histórica en Benaguasil es un reflejo de la necesidad de abordar el pasado de manera abierta y honesta, permitiendo que las voces de las víctimas sean escuchadas y que se reconozca su sufrimiento. La comunidad espera que la intervención de la Fiscalía y la presión social lleven a una resolución que respete la memoria de aquellos que sufrieron durante la dictadura y que se tomen medidas efectivas para eliminar los vestigios que aún persisten en el espacio público.
