Un incendio forestal en la Vall d’Uixó ha activado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Generalitat. El fuego, declarado a las 11:30 h del 25 de julio de 2026, amenazó viviendas en urbanizaciones cercanas. Se desalojaron preventivamente zonas norte y este, incluidas partidas como La Rabosa, La Murta y Santa Bárbara. La emergencia afectó también a Canet y Manises, sumando tres focos simultáneos en la Comunitat Valenciana.
¿Qué zonas se vieron afectadas por el incendio forestal en la Vall d’Uixó?
El fuego se inició cerca del barrio de Carboneiras, en una zona de monte con alta presión urbanística. Las llamas avanzaron hacia áreas residenciales de baja densidad: chalets aislados, establos y explotaciones ganaderas. Las partidas afectadas fueron:
- La partida del Castell
- La partida de La Rabosa
- La partida de La Murta
- La urbanización Santa Bárbara
Estas zonas fueron evacuadas de forma preventiva por la Policía Local y la Guardia Civil. No se registraron heridos, pero sí daños materiales en infraestructuras rurales y pérdida parcial de masa forestal.
¿Qué recursos se desplegaron para controlar el incendio?
La respuesta fue multisectorial y escalonada. Participaron 3 unidades terrestres y 2 helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, además de 3 autobombas y 2 medios aéreos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón movilizó 5 brigadas forestales, una bomba nodriza pesada y un vehículo ligero. El Ayuntamiento de Castellón aportó 1 jefe y 2 bomberos. También se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME), clave para refuerzo logístico y contención en terreno difícil.
Una ambulancia de la Generalitat y una patrulla de la Guardia Civil garantizaron la seguridad durante las evacuaciones. El despliegue refleja la coordinación exigida por el Plan Infoca y el marco legal del Decreto 107/2021 de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.
¿Cuál es el impacto económico y ambiental del incendio?
Los incendios forestales en zonas periurbanas generan costes directos e indirectos. En este caso, el daño incluye la pérdida de masa forestal protegida, afectación a explotaciones ganaderas y costes de reconversión de suelos degradados. Según datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE), cada hectárea quemada en zonas mixtas (forestal-urbana) implica entre 18.000 y 25.000 € en restauración y gestión post-incendio.
Además, la Vall d’Uixó forma parte de la cuenca del río Palancia, cuya calidad hídrica se ve comprometida tras incendios por escorrentía de cenizas y pérdida de cobertura vegetal. Esto afecta a la agricultura local y a la gestión del agua en la comarca.
¿Qué marco legal regula la respuesta a incendios forestales en la Comunitat Valenciana?
La actuación se enmarca en tres niveles normativos clave:
- El Decreto 107/2021, que establece la estructura de coordinación de emergencias y atribuye competencias a la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos.
- La Ley 3/2022 de Cambio Climático y Transición Energética, que exige planes de adaptación frente a riesgos extremos como los incendios.
- El Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), cuya situación 2 implica riesgo inminente para núcleos urbanos y activa protocolos de evacuación obligatoria.
Estos marcos obligan a actualización anual de planes locales de protección civil y a simulacros coordinados entre cuerpos de emergencia.
Datos Clave
- El incendio se declaró a las 11:30 h del 25/07/2026 en la Vall d’Uixó.
- Se activó la situación 2, indicando riesgo para zonas urbanas.
- Se desalojaron 4 partidas rurales y una urbanización completa.
- Participaron más de 150 efectivos entre bomberos, UME, Policía Local y Guardia Civil.
- El fuego se sumó a otros dos conatos simultáneos en Canet y Manises.
- La respuesta se articuló bajo el Plan Infoca y el Decreto 107/2021.
La reiteración de focos en zonas periurbanas evidencia la necesidad de reforzar la gestión del combustible forestal, la vigilancia con sensores térmicos y la educación comunitaria en prevención. La Comunitat Valenciana registra un aumento del 32 % en incendios de origen humano en zonas de interfaz urbano-forestal desde 2022, según el Servei d’Incendis de la Generalitat.
