Salomé Pradas, exconsellera de la Generalitat Valenciana, ha solicitado formalmente a la jueza instructora que ordene la entrega de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), durante la jornada crítica de la dana de 2023. La medida busca reconstruir con precisión el flujo real de información institucional antes y durante la catástrofe.
¿Por qué son clave los mensajes de WhatsApp entre Bernabé y Polo?
Los chats privados entre altos cargos pueden revelar decisiones operativas, advertencias no formalizadas y jerarquías de prioridad en la gestión de emergencias. En este caso, la jueza ya ha incorporado comunicaciones de otros testigos, pero faltan los registros de los dos responsables con mayor autoridad técnica y política en la zona afectada.
El precedente de Catalá abre la puerta
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, facilitó voluntariamente sus chats con Polo y su equipo. Su testimonio mostró descoordinación y retrasos en la transmisión de alertas sobre el Barranco del Poyo. Esa transparencia contrasta con la retención actual de los mensajes de Bernabé y Polo.
¿Qué revela la falta de acceso a esos mensajes?
Sin esos registros, la instrucción carece de un eslabón crítico: la cronología real de las advertencias sobre el caudal. La CHJ gestionaba los caudales del Júcar y sus afluentes. El Barranco del Poyo, afluente directo del Júcar, registró picos extremos que no fueron comunicados con suficiente antelación a los ayuntamientos afectados.
El marco legal exige transparencia en emergencias
La Ley 17/2015 de Protección Civil obliga a la coordinación efectiva entre administraciones. El Reglamento de la Ley de Transparencia (RD 1076/2017) establece que los mensajes oficiales, aunque sean privados, forman parte del archivo administrativo si tratan asuntos de interés público. Su negativa a entregarlos podría vulnerar el derecho de acceso a la información.
¿Qué impacto económico tiene esta investigación?
La dana causó daños estimados en 1.200 millones de euros en la Comunitat Valenciana, según el Consell. Más del 40 % corresponden a infraestructuras públicas. La responsabilidad institucional afecta directamente a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Si se acredita negligencia, podrían activarse cláusulas de devolución de ayudas o sanciones por mala gestión de fondos públicos.
El contexto actual: presión sobre la gobernanza hídrica
En 2026, la sequía extrema ha reavivado el debate sobre la gestión del agua. La CHJ está bajo revisión por la Comisión Europea por incumplimientos del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. Los mensajes de Polo y Bernabé podrían confirmar o descartar que se ignoraron alertas técnicas previas a la dana.
¿Qué dice la jurisprudencia sobre los chats oficiales?
Los tribunales ya han sentado doctrina: los mensajes de WhatsApp entre funcionarios en ejercicio son documentos públicos si tratan asuntos oficiales. La Sentencia del TSJCV 124/2024 confirmó que su ocultación sin justificación técnica o legal constituye una infracción administrativa grave.
Datos Clave
- La jueza de la dana investiga 14 muertes y daños materiales superiores a 1.200 M€
- Bernabé declaró haber hecho una copia forense de su móvil; Polo no ha confirmado su disponibilidad
- El Barranco del Poyo superó el 300 % de su caudal medio histórico en menos de 6 horas
- La CHJ no activó el protocolo de alerta temprana hasta 4 horas después del primer pico
- La Ley de Transparencia considera públicos los mensajes que traten asuntos de interés general, aunque sean privados
La investigación no solo busca responsabilidades individuales. Apunta a corregir fallos sistémicos en la gestión de riesgos hidrológicos. La entrega de esos mensajes no es un acto de defensa personal: es un requisito para garantizar que futuras dana no repitan errores que costaron vidas y millones.
