La Sindicatura de Comptes ha identificado incidencias graves en 66 contratos no menores adjudicados por la Generalitat tras la DANA de 2024–2025. El gasto total alcanzó 356,1 millones de euros, pero la fiscalización reveló fallos estructurales en transparencia, control y capacidad operativa.
¿Qué irregularidades detectó la Sindicatura de Comptes en los contratos DANA?
La auditoría halló deficiencias en la fijación de precios de referencia, en la solicitud efectiva de ofertas a múltiples operadores y en los mecanismos de control de conflictos de interés. Estas fallas se agravan porque muchos contratos se tramitaron bajo el régimen excepcional de urgencia, priorizando la ejecución inmediata sobre la formalización y publicidad.
Falta de estabilidad y formación del personal técnico
Los equipos responsables de la gestión contractual carecen de estabilidad laboral, formación específica y número suficiente de efectivos. Esto impide aplicar los principios de economía, eficiencia y eficacia exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Por qué se concentra el gasto en pocas empresas?
El informe señala un elevado grado de concentración del gasto: más del 70 % de los fondos fluyó a un reducido grupo de operadores económicos. La mayoría son grandes empresas del sector de la construcción y la gestión ambiental, muchas con experiencia previa en contratos de emergencia.
Riesgos de la concentración de adjudicaciones
Esta dinámica reduce la competencia real y aumenta la exposición a prácticas de colusión, favoritismo o sobreprecio. Además, limita la capacidad de la Administración para negociar condiciones técnicas y económicas óptimas.
¿Qué consellerias asumieron más gasto en actuaciones DANA?
La mayor parte del presupuesto se canalizó a través de tres departamentos: Medio Ambiente, Agricultura y Educación. Estas consellerias lideraron la contratación para retirada de residuos, restauración de infraestructuras hidráulicas y reparación de centros educativos dañados.
Papel clave de las entidades del sector público instrumental (SPI)
Las entidades del SPI, como el Institut Català de l’Aigua o el Servei Català de Trànsit, ejecutaron actuaciones críticas en restauración de carreteras y redes de drenaje. Sin embargo, su capacidad de supervisión fue limitada por la falta de personal especializado.
¿Cuál es el marco legal y económico actual de los contratos de emergencia?
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite la adjudicación directa en situaciones de urgencia imperiosa, como las derivadas de la DANA. Pero el informe recuerda que esta excepción no exime del cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y publicidad.
Impacto económico real del gasto DANA
Los 356,1 millones representan el 12 % del presupuesto anual de inversión de la Generalitat en 2024. Sin embargo, la falta de evaluación ex post y de indicadores de resultados dificulta medir el retorno real de la inversión en resiliencia climática.
Datos Clave
- Se fiscalizaron 66 contratos no menores, por un total de 356,1 millones de euros.
- El 72 % del gasto se concentró en menos de 15 operadores económicos.
- Más del 60 % de los contratos se tramitaron bajo el régimen de urgencia excepcional, con formalización posterior.
- Las consellerias de Medio Ambiente, Agricultura y Educación acumularon el 85 % del gasto total.
- El personal técnico en las entidades auditadas carece de estabilidad laboral, formación específica y capacidad de supervisión efectiva.
- No se detectaron mecanismos de evaluación de resultados ni indicadores de eficacia ambiental o social en la mayoría de los expedientes.
El contexto actual exige una reforma urgente de los protocolos de contratación en emergencias. La DANA no fue un evento aislado: los escenarios de riesgo climático extremo se repetirán con mayor frecuencia. Sin personal técnico estable, sin diversificación real de proveedores y sin auditoría temprana de resultados, cada nueva emergencia amplificará los riesgos de desperdicio presupuestario, corrupción sistémica y pérdida de confianza ciudadana. La normativa existe, pero su aplicación efectiva depende de recursos humanos capacitados y de una cultura institucional de rendición de cuentas.
