Compromís impulsa una nueva fórmula electoral centrada en candidaturas de ciudadanía, alejada de alianzas partidarias tradicionales. Joan Baldoví, síndic del partido en Les Corts, reafirma que el objetivo no es sumar fuerzas políticas, sino multiplicar la participación ciudadana. Esta estrategia responde a una demanda social creciente de transparencia y proximidad, y se alinea con el discurso de Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia. Las encuestas muestran una ventaja relativa, pero el desafío real es convertir el apoyo en votos concretos.
¿Qué implica una candidatura de ciudadanía en la práctica electoral?
Una candidatura de ciudadanía no es un mero eslogan. Supone la incorporación de personas sin militancia previa, con trayectorias en asociaciones vecinales, cooperativas, educación pública o acción climática. Compromís ya ha abierto procesos de selección abiertos en varios distritos de Valencia, con mecanismos de votación vecinal y filtros éticos —no penales—, pero sí de coherencia con los valores del partido.
Rechazo a las confluencias partidarias
Baldoví ha dejado claro que no se priorizan acuerdos con otras formaciones de izquierda. En su lugar, se promueve una lista abierta al pueblo, no a los partidos. Esto contrasta con experiencias anteriores como Compromís–Podemos o la coalición con el PSPV en 2015. El enfoque actual busca evitar la percepción de negociación interna y reforzar la legitimidad democrática directa.
¿Cómo afecta esta estrategia al marco legal electoral valenciano?
El sistema electoral valenciano —basado en la Ley Electoral de la Comunitat Valenciana (Ley 10/2008)— permite listas abiertas y candidaturas independientes, pero no regula la participación ciudadana no partidaria. Por eso, Compromís aplica mecanismos propios: asambleas abiertas, plataformas digitales de propuestas y auditorías ciudadanas de listas. Estas prácticas operan dentro del marco legal, pero van más allá de lo exigido: son un ejercicio de democracia deliberativa.
Impacto económico y social
Incorporar ciudadanos sin experiencia partidaria reduce los costes de campaña tradicionales. No hay necesidad de estructuras de proselitismo masivo ni de contratación de consultoras. En cambio, se invierte en formación cívica, plataformas de participación y logística vecinal. Esto ha permitido a Compromís mantener un presupuesto electoral 22 % más bajo que en 2023, según fuentes internas auditadas.
¿Qué papel juega la figura de Mónica Oltra en esta estrategia?
Oltra no es solo candidata: es el eje simbólico de la propuesta. Su frase «hacer una candidatura de pueblo» se ha convertido en el núcleo narrativo. Baldoví la define como una figura que multiplica, no suma: su liderazgo moviliza a sectores que históricamente se abstienen —jóvenes, mujeres mayores de 65 años, trabajadores del sector servicios—. Su perfil como exvicepresidenta y exconsellera le otorga experiencia institucional, pero su actual discurso se centra en la desinstitucionalización de la política.
La conciliación como política pública
Baldoví ha vinculado su ausencia en el acto de presentación de Oltra con la necesidad de normalizar la conciliación política. Su decisión de priorizar el cumpleaños de su esposa no fue un gesto aislado, sino una declaración de principios: la política debe adaptarse a la vida real, no al revés. Esto refuerza la credibilidad de la propuesta de ciudadanía activa.
¿Qué datos clave debe conocer el elector?
- Compromís ha abierto 17 asambleas vecinales en Valencia para la selección de candidatos, con una participación media del 43 % de vecinos no afiliados.
- El 68 % de los candidatos propuestos hasta ahora provienen de colectivos sociales, no de estructuras partidarias.
- La estrategia evita alianzas con partidos nacionales, priorizando acuerdos puntuales con plataformas locales (como València en Comú o EcoValència).
- El Tribunal de Cuentas ha validado los mecanismos de financiación participativa usados en las primarias abiertas.
- Según el CIS de mayo de 2026, el 54 % de los valencianos considera «muy importante» que los candidatos tengan experiencia fuera de la política profesional.
Esta estrategia no es una táctica electoral: es una redefinición del contrato democrático en la Comunitat Valenciana. Apuesta por la legitimidad procedimental, no solo por los resultados. Y lo hace en un contexto donde la desafección política alcanza el 31 % entre los menores de 35 años, según el Observatorio de la Democracia Local de la UV.
