En abril de 2025, los Servicios de Información de la Guardia Civil emitieron un informe interno que alertaba sobre una red organizada para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). El documento identificaba a Santos Cerdán como líder de la trama. También señalaba a Leire Díez y a figuras vinculadas a Koldo García. El informe afirmaba que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía conocimiento de la estrategia. No se adoptó ninguna medida pública tras su recepción.
¿Qué contenía el informe de abril de 2025?
El documento, titulado ‘Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO’, fue redactado el 29 de abril de 2025. Se elaboró casi un mes antes de que El Confidencial revelara la figura de Leire Díez como presunta operadora de las ‘cloacas’. El informe describía una campaña agresiva, coordinada y con objetivos políticos claros: obstaculizar investigaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE.
El papel clave del exjefe de la UCO
El general Rafael Yuste, quien dirigió la UCO entre 2023 y 2025, entregó el informe a la Audiencia Nacional. Lo hizo tras declarar el 27 y 29 de mayo de 2026. Yuste había remitido una nota de despacho el 12 de mayo de 2025 a la superioridad. Esa nota ya advertía sobre la campaña de descrédito. Tras una búsqueda en sus correos electrónicos, localizó el documento original y lo aportó formalmente al sumario.
¿Por qué no se actuó tras la denuncia interna?
El informe fue recibido por el Ministerio del Interior, pero no generó ninguna acción pública ni investigación interna conocida. Fuentes judiciales indican que el documento permaneció inactivo durante más de un año. Su existencia solo salió a la luz tras su inclusión en el sumario de la Audiencia Nacional. Esto plantea serias dudas sobre los mecanismos de control interno y la independencia operativa de los cuerpos de seguridad.
El marco legal y sus vacíos
No existe una norma específica que obligue a dar seguimiento inmediato a advertencias internas sobre interferencia política en investigaciones. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no prevé protocolos obligatorios para casos de presunta manipulación institucional. Tampoco la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público exige trazabilidad obligatoria en denuncias internas de este tipo.
¿Cuál es el impacto económico y político actual?
La revelación del informe ha reavivado el debate sobre la integridad institucional y la confianza ciudadana. Empresas de seguridad privada vinculadas a exfuncionarios del PSOE han visto caer sus cotizaciones en bolsa un 12 % desde mayo de 2026. Además, el Gobierno ha retrasado la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Seguridad Pública, pendiente desde 2025. El caso también ha generado demandas de reforma del Consejo de Seguridad Pública, órgano consultivo sin capacidad sancionadora.
Datos Clave
- El informe fue redactado el 29 de abril de 2025, antes de la publicación del ‘caso fontanera’.
- Identificó a Santos Cerdán como líder operativo de la red.
- Señaló que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tenía conocimiento de la estrategia.
- Fue aportado al sumario por el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, en mayo de 2026.
- No hubo respuesta institucional conocida del Ministerio del Interior durante 13 meses.
¿Qué implica esto para la independencia de las fuerzas de seguridad?
La existencia de una red interna destinada a socavar a la UCO pone en cuestión la neutralidad institucional. La UCO es un cuerpo especializado en delitos complejos: corrupción, blanqueo y crimen organizado. Su debilitamiento afecta directamente la capacidad de investigación de casos de alto impacto. El hecho de que la advertencia proviniera de los propios Servicios de Información —órgano de inteligencia interna— refuerza su gravedad. No se trata de rumores, sino de un diagnóstico técnico formal, con nombre, fechas y responsables identificados.
La dimensión práctica del riesgo
Cuando los cuerpos de seguridad pierden autonomía, aumenta la impunidad. Casos como el de la ‘operación Tándem’ o la investigación del ‘caso Lezo’ dependieron críticamente de la UCO. Si su credibilidad se erosiona, los imputados pueden cuestionar la legalidad de las pruebas. Esto genera costes judiciales adicionales y retrasos en la administración de justicia. Además, socava la confianza de la Eurojust y de la OLAF, que colaboran con la UCO en investigaciones transfronterizas.
