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    Agresiones en la cárcel de Picassent: ¿qué revela la masificación penitenciaria?

    adminBy admin29 de mayo de 2026No hay comentarios4 Mins Read
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    La cárcel de Picassent registra un nuevo episodio de violencia institucional: un funcionario sufrió un puñetazo en la cara mientras vigilaba a 110 reclusos. El incidente evidencia una crisis estructural: sobrecarga de internos, déficit de personal y riesgos crecientes para la seguridad penitenciaria. La prisión supera los 2.200 presos, cerca de su récord histórico. La respuesta institucional sigue siendo reactiva, no preventiva.

    ¿Por qué se disparan las agresiones en Picassent?

    La masificación es el factor desencadenante más documentado. El módulo 26, donde ocurrió la agresión, alberga a preventivos de perfil bajo, muchos con trastornos mentales no atendidos. La ratio oficial exige dos funcionarios. Esa norma no se cumple. El trabajador agredido estaba solo porque su compañero debió acompañar a reclusos al taller. Esa ausencia no es excepcional: es sistemática.

    Falta de personal operativo

    Los sindicatos ACAIP-UGT y TAMPM denuncian que la plantilla no cubre ni el 70 % de los puestos necesarios. La ratio real es de 1 funcionario por cada 110 internos. La normativa exige 1 por cada 35 en módulos de perfil bajo.

    Sobrecarga en módulos sensibles

    El módulo 26 no es un caso aislado. Es un reflejo de la asignación arbitraria de internos sin evaluación psicosocial previa. La falta de protocolos de contención y de personal especializado agrava los episodios de crisis conductual.

    ¿Qué dice la ley sobre la seguridad penitenciaria?

    El Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996) establece que la seguridad debe garantizarse con medios humanos y materiales adecuados. El artículo 122 exige que los módulos cuenten con personal suficiente para prevenir alteraciones del orden. La Ley Orgánica 1/1979 obliga al Estado a garantizar la integridad física de funcionarios y reclusos. Ninguna de las dos se cumple en Picassent.

    Incumplimiento reiterado de sentencias

    El Tribunal Supremo ha dictado sentencias que obligan a reducir la ocupación en centros masificados. En 2025, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana instó a bajar la población de Picassent a 1.800 internos. Hasta hoy, no se ha ejecutado.

    ¿Cuál es el impacto económico de la crisis penitenciaria?

    Cada agresión genera costes directos: atención médica, bajas laborales, procesos disciplinarios y demandas. Pero el costo oculto es mayor: la rotación de personal, la pérdida de experiencia y el aumento de bajas por estrés postraumático. El Ministerio del Interior destinó 4,2 millones de euros en 2025 a contrataciones temporales en centros valencianos. Eso representa menos del 12 % del presupuesto necesario para cubrir la brecha real de plantilla.

    Datos Clave

    • La cárcel de Picassent alberga 2.217 presos, un 23 % por encima de su capacidad reglamentaria.
    • El módulo 26 tiene una ratio de 1 funcionario por 110 internos, frente a la exigida de 1:35.
    • El 38 % de los internos en módulos preventivos presenta diagnóstico psiquiátrico no tratado.
    • Desde enero de 2026, se han registrado 17 agresiones a funcionarios, un 62 % más que en el mismo periodo de 2025.
    • El 92 % de los incidentes violentos ocurren en horarios de transición: desayuno, traslados y fin de jornada.

    ¿Qué soluciones reales existen hoy?

    No hay soluciones mágicas, pero sí medidas urgentes y factibles. La primera es aplicar el Plan de Desmasificación Penitenciaria 2025–2027, que prevé traslados selectivos, ampliación de programas de libertad condicional y refuerzo de equipos de salud mental. La segunda es activar el protocolo de emergencia de personal, previsto en el Convenio Colectivo de Instituciones Penitenciarias, que permite la contratación inmediata de 150 funcionarios en centros críticos. La tercera es auditar los módulos por perfil de riesgo y reasignar internos con criterios clínicos, no logísticos.

    Prioridad inmediata: protección del personal

    Los funcionarios no deben elegir entre su integridad y cumplir su horario. Se requiere dotación obligatoria de equipos de contención no letal, formación en gestión de crisis conductuales, y revisiones semanales de la carga de trabajo por módulo. Sin eso, cada turno es una lotería.

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