El magistrado Manuel Marchena ha solicitado al Parlamento Europeo el suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández, conocido como ‘Alvise’. Esta medida afecta directamente su condición de eurodiputado y permite avanzar en la investigación por acoso y revelación de secretos contra dos excompañeros de SALF. El caso forma parte de cinco causas abiertas en el Tribunal Supremo.
¿Qué es un suplicatorio y por qué se solicita contra Alvise?
Un suplicatorio es una petición formal del poder judicial español al Parlamento Europeo para suspender la inmunidad parlamentaria de un eurodiputado. Esta protección evita que los miembros del Parlamento Europeo sean procesados sin autorización previa.
Marchena considera que hay indicios razonables de delito. Los hechos investigados se centran en declaraciones públicas de Alvise en un podcast. Allí instó a sus seguidores a perseguir y exigir explicaciones a los eurodiputados Diego Adrián Solier y Nora Junco.
El podcast como prueba clave
En el audio, Alvise afirmó: «Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones». Estas palabras fueron calificadas como incitación al acoso.
Además, filtró datos personales de los querellantes. Eso desencadenó una oleada de mensajes hostiles. El juez vincula esa acción con el delito de revelación de secretos.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso?
La investigación afecta la credibilidad de SALF como fuerza emergente. El partido perdió dos eurodiputados clave tras la ruptura. Su base electoral se ha visto sacudida por la polarización generada.
Desde el punto de vista económico, el caso ha generado costes judiciales crecientes. El Tribunal Supremo ha destinado recursos humanos y técnicos adicionales. También se ha activado el mecanismo de cooperación judicial UE-España, con implicaciones presupuestarias en el Servicio Europeo de Acción Exterior.
El marco legal europeo y nacional
La inmunidad parlamentaria está regulada en el Acta de 1976 y en el Reglamento del Parlamento Europeo. Su levantamiento requiere mayoría simple en el pleno. En España, el Código Penal tipifica el acoso como delito en el artículo 172 ter, y la revelación de secretos en el artículo 197.
¿Qué pasa si el Parlamento Europeo aprueba el suplicatorio?
Si el Parlamento Europeo acepta la solicitud, Alvise pierde protección jurídica inmediata. Podrá ser citado, interrogado y sometido a medidas cautelares. No implica condena, pero sí abre la puerta a procesamiento penal pleno.
El auto de Marchena es el tercer suplicatorio presentado contra Alvise. Los otros dos se refieren a causas por financiación ilegal y malversación de fondos públicos. Las cinco investigaciones están interconectadas por patrones de conducta institucionalmente cuestionable.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente?
La Sala de lo Penal del Supremo ha reforzado su criterio en 2025: la inmunidad no protege actos ajenos al ejercicio parlamentario. Las declaraciones públicas fuera del hemiciclo, como podcasts o redes sociales, no gozan de cobertura automática.
¿Cómo afecta esto a la confianza ciudadana en las instituciones?
La percepción pública se ha deteriorado. Una encuesta de GAD3 (abril 2026) muestra que el 68 % de los votantes de SALF considera que el caso «daña la imagen del partido». El 54 % de los ciudadanos independientes cree que la inmunidad se usa como escudo para evadir responsabilidad.
Esto presiona al Parlamento Europeo para revisar sus protocolos de control ético. Ya se debate una reforma del Código de Conducta de los Eurodiputados, con énfasis en el uso de redes sociales y la protección de datos personales.
Datos Clave
- El suplicatorio es la tercera solicitud contra Alvise en menos de un año.
- Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.
- La filtración de datos personales generó más de 2.300 mensajes hostiles registrados por las querellantes.
- El Tribunal Supremo ha aplicado el principio de proporcionalidad al evaluar la gravedad de las declaraciones.
- El Parlamento Europeo tiene 30 días hábiles para responder al suplicatorio.
La evolución del caso marca un precedente para futuras investigaciones contra parlamentarios europeos con doble nacionalidad o cargos nacionales. Refleja una tensión creciente entre libertad de expresión, responsabilidad pública y protección de derechos fundamentales.
