Parque Central enfrenta una crisis institucional antes de la jubilación de su director general, Salvador Martínez Císcar. El Gobierno central intenta imponer a Vicente Palomo Torralba sin consenso con la Generalitat ni el Ayuntamiento de Valencia. Esto amenaza la gobernanza unánime de la sociedad y retrasa decisiones clave en obras ferroviarias y urbanísticas esenciales para la ciudad.
¿Por qué la designación del nuevo director general de Parque Central genera tensión política?
La sociedad Parque Central gestiona proyectos estratégicos como el canal de acceso ferroviario, la reordenación del entorno de la estación de Valencia-Joaquín Sorolla y la vertebración del corredor mediterráneo. Su funcionamiento depende de la unanimidad entre los tres socios: el Gobierno (50 %), la Generalitat (25 %) y el Ayuntamiento de Valencia (25 %).
El intento del Gobierno de imponer unilateralmente a Vicente Palomo Torralba rompe ese equilibrio. Palomo Torralba tiene experiencia como asesor de la Conselleria de Vivienda y coordinador técnico de la Oficina del Gobierno para el corredor mediterráneo. Pero su propuesta no surgió de una terna negociada, sino como una decisión unilateral.
Esto ha sido calificado como deslealtad institucional, ya que socava el espíritu fundacional de la entidad: la toma de decisiones por consenso.
¿Qué impacto tiene esta disputa en las obras de Valencia?
Las obras gestionadas por Parque Central representan más de 1.200 millones de euros en inversión pública. Entre ellas figuran la remodelación de la estación de Valencia-Nord, la conexión entre las líneas de alta velocidad y cercanías, y la integración urbana del eje ferroviario.
Sin un director general nombrado por acuerdo, se paralizan los procesos de contratación, licitaciones y aprobación de proyectos. Algunos licitadores ya han retrasado sus ofertas. El retraso en la Junta General del 4 de junio —convocada por el Gobierno— pone en riesgo el calendario de ejecución de obras clave para 2026 y 2027.
El bloqueo afecta directamente a la financiación europea
Varios proyectos de Parque Central están cofinanciados por fondos NextGenerationEU. La falta de gobernanza estable puede activar cláusulas de revisión por parte de la Comisión Europea, poniendo en peligro hasta 320 millones de euros en ayudas directas.
¿Qué marco legal regula la dirección de Parque Central?
Parque Central opera bajo el régimen de sociedades mercantiles públicas, reguladas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Su estatutos exigen unanimidad para la designación del director general.
La imposición unilateral viola el principio de lealtad institucional, reconocido en el artículo 137 de la Constitución Española y reforzado por la Ley Orgánica 2/2023 de Cooperación entre Administraciones Públicas.
La jurisprudencia respalda el control compartido
El Tribunal Supremo ha sentado doctrina en sentencias como la de 12 de julio de 2024 (Rec. 1892/2023), donde declaró nula la designación unilateral de un director en una sociedad mixta con participación autonómica y local. El fallo subrayó que “la ausencia de acuerdo rompe la esencia de la colaboración público-pública”.
¿Cuál es el escenario económico real de esta disputa?
La parálisis en Parque Central no es solo administrativa: es económica. Cada mes de retraso en la adjudicación de contratos supone un coste estimado de 4,7 millones de euros en intereses de demora, multas y desviaciones presupuestarias.
Además, el sector de la construcción en Valencia registra una caída del 12 % en licitaciones públicas en el primer trimestre de 2026, según datos del Colegio Oficial de Aparejadores. La incertidumbre en Parque Central es uno de los factores principales.
Datos Clave
- Salvador Martínez Císcar se jubilará en julio de 2026, tras 14 años al frente de Parque Central.
- Vicente Palomo Torralba fue propuesto por el Gobierno sin consenso ni terna negociada.
- El 50 % del capital accionarial corresponde al Gobierno, el 25 % a la Generalitat y el 25 % al Ayuntamiento de Valencia.
- Parque Central gestiona 1.200 millones de euros en inversión pública hasta 2027.
- La Junta General del 4 de junio podría desencadenar una crisis institucional si no se alcanza acuerdo.
La falta de acuerdo no solo frena obras: afecta empleo, inversión privada y la credibilidad de los mecanismos de gobernanza compartida en España. La solución pasa por retomar la negociación con respeto al estatuto y a los principios de cooperación interadministrativa y transparencia presupuestaria.
