La antigua sede de la Agencia Tributaria en la calle Guillem de Castro, en pleno cap i casal de Valencia, está a punto de redefinir su rol urbano. La alcaldesa María José Catalá propone convertirla en una biblioteca de referencia de alcance metropolitano. El inmueble, cerrado desde hace años, representa una oportunidad única para integrar cultura, administración y accesibilidad en el corazón histórico de la ciudad.
¿Por qué una biblioteca de referencia es la opción estratégica para el edificio de Hacienda?
El edificio no es solo un espacio vacío: es un activo patrimonial con potencial funcional y simbólico. Su ubicación céntrica, su volumen arquitectónico y su estado de conservación lo hacen idóneo para un equipamiento cultural de primer nivel. Una biblioteca de referencia no solo almacena libros. Ofrece acceso a fondos especializados, salas de investigación, espacios digitales y programas de alfabetización cultural.
Este uso responde a una demanda real: Valencia carece de una biblioteca pública con capacidad de archivo histórico, consulta especializada y conexión con redes académicas nacionales. Además, impulsa la revitalización del barrio, atrae visitantes y fortalece la identidad cultural local.
¿Cómo se articula la propiedad compartida entre Ayuntamiento y Diputación?
El inmueble tiene una titularidad mixta: el Ayuntamiento de Valencia posee el 60 % y la Diputación de Valencia el 40 %. Esta co-propiedad exige acuerdos técnicos y presupuestarios claros. La colaboración no es opcional: es un requisito legal derivado de la permuta inmobiliaria con el Estado.
La gestión compartida ya tiene precedentes exitosos en la Comunidad Valenciana, como el Centro Cultural La Nau, donde competencias culturales y universitarias se articulan bajo convenios específicos. Aquí, el marco jurídico aplicable incluye la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y la Ley 4/2018, de Patrimonio Cultural Valenciano, que promueven usos públicos prioritarios en edificios históricos de titularidad compartida.
¿Qué implica el modelo mixto de uso administrativo y cultural?
Catalá no descarta integrar oficinas municipales en el mismo edificio. Esto resuelve una urgencia operativa: varios departamentos trabajan actualmente en locales arrendados, con costes anuales superiores a 1,2 millones de euros. Reubicarlos allí supone un ahorro directo y mejora las condiciones laborales del personal.
El modelo mixto exige una zonificación rigurosa: áreas silenciosas y climatizadas para la biblioteca, espacios flexibles para exposiciones y núcleos administrativos con accesibilidad y conectividad digital garantizada. La experiencia del Mercado de Colón, recientemente rehabilitado, demuestra que la coexistencia funcional es viable con diseño inteligente.
¿Qué impacto económico y social tiene esta propuesta?
La inversión inicial se estima entre 8 y 12 millones de euros, financiada con fondos municipales, fondos europeos NextGenerationEU y posibles líneas de la Diputación. El retorno no es solo financiero: se proyecta un aumento del 18 % en la afluencia cultural al centro histórico y una mejora del 22 % en la percepción de calidad de los servicios públicos, según datos del Observatorio de Cultura Urbana de la UV.
Además, el proyecto generará al menos 45 empleos directos (bibliotecarios, técnicos de conservación, gestores culturales) y más de 120 indirectos en sectores como restauración, seguridad y mantenimiento.
Datos Clave
- El edificio está cerrado desde 2021 y forma parte del Plan Estratégico de Patrimonio Municipal 2023–2030.
- La biblioteca de referencia incluiría fondos sobre historia valenciana, literatura en valenciano, y colecciones digitales accesibles desde cualquier punto de la ciudad.
- La Diputación propone una sala de exposiciones permanente, compatible con la biblioteca si se diseña una planta intermedia de usos compartidos.
- El proyecto debe cumplir con la Ley 15/2022 de Accesibilidad Universal, garantizando movilidad, señalética táctil y recursos audiovisuales inclusivos.
El futuro del edificio no es solo arquitectónico: es un indicador de cómo Valencia prioriza la cultura como eje de cohesión social, innovación y gobernanza eficiente. La decisión final no depende solo de la voluntad política, sino de su alineación con los criterios de sostenibilidad, equidad territorial y calidad institucional exigidos por los ciudadanos y los marcos regulatorios vigentes.
