La Generalitat de Cataluña ha lanzado un controvertido proyecto piloto que instala agentes integrados de los mossos d’esquadra en 14 institutos de secundaria. Estos policías actúan de paisano, sin acceso a aulas y con enfoque preventivo. Cuatro centros ya se retiraron. El plan se evaluará en julio de 2026 y su continuidad dependerá de resultados objetivos y aceptación social.
¿Qué es el proyecto de mossos en institutos?
El proyecto piloto introduce agentes integrados en centros educativos con perfil especializado en mediación y prevención. No son vigilantes ni tienen funciones represivas. Su rol es identificar tensiones tempranas, apoyar a equipos directivos y colaborar con orientadores.
La participación es estrictamente voluntaria: tanto para los centros como para los mossos. No hay imposición ni obligatoriedad. La Generalitat lo define como una prueba de concepto, no como una política consolidada.
¿Cómo se seleccionaron los institutos?
Los 14 centros fueron elegidos por criterios de diversidad territorial, socioeconómica y nivel de conflictividad reportado. No se basó en índices de absentismo o infracciones, sino en necesidades percibidas por inspección educativa y equipos directivos.
¿Por qué genera tanta polémica en Cataluña?
La iniciativa ha reabierto debates sobre la normalización de la presencia policial en espacios educativos. Sindicatos docentes, asociaciones de madres y padres y partidos de oposición la califican de «militarización sutil» del aula. Critican que desvía recursos de apoyo psicopedagógico hacia seguridad.
El contexto político agrava la tensión: la ruptura de Junts con el Govern, la ausencia de Presupuestos y la debilidad institucional de Salvador Illa amplifican la percepción de urgencia política, no pedagógica.
¿Qué dice la normativa educativa?
El Estatuto de los Estudiantes y la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) reservan la gestión del clima escolar a equipos docentes, orientadores y servicios sociales. La presencia policial en centros requiere protocolos firmados con la administración educativa y debe respetar la protección de datos y la intimidad de menores, según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
¿Qué impacto económico tiene el plan?
El proyecto no implica nuevos gastos estructurales. Los mossos asignados provienen de plantillas existentes y su formación se realizó con recursos internos. Sin embargo, su despliegue genera costes ocultos: coordinación con equipos directivos, formación continua y evaluación externa por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Si se escala a 1.200 institutos, el costo estimado superaría los 18 millones de euros anuales, según cálculos del Sindicato de Enseñanza de Cataluña. Ese monto equivaldría al 3,2 % del presupuesto de innovación educativa del 2026.
¿Qué dicen los datos clave?
- El 71 % de los centros con agentes integrados reportaron una reducción del 22 % en incidentes graves durante el primer mes.
- Cuatro institutos se retiraron: tres por presión de AMPAs y uno por rechazo unánime del claustro.
- El 89 % de los mossos participantes tienen formación en mediación escolar y gestión de crisis emocionales.
- Ningún agente ha intervenido en una situación dentro del aula; todas las actuaciones se han limitado a patios, entradas y zonas comunes.
- La evaluación final dependerá de indicadores objetivos: absentismo, tasas de expulsión, encuestas de percepción de seguridad y número de derivaciones a servicios sociales.
El proyecto no es una respuesta a una emergencia, sino una prueba estructurada. Su valor no está en la presencia policial, sino en cómo se articula con los recursos educativos ya existentes. La sostenibilidad del modelo depende de su capacidad para reforzar —no sustituir— la autoridad pedagógica. La financiación, la legalidad y la confianza social serán los tres filtros que definan su futuro.
