El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó este lunes 27 de abril de 2026 investigar al expresidente Carlos Mazón por su actuación durante la emergencia de la dana. La sala desestimó por unanimidad los recursos de súplica presentados por asociaciones de víctimas. No se encontraron indicios de delito ni abuso de derecho. El aforamiento sigue vigente.
¿Por qué el TSJ no ve motivos para investigar a Mazón?
El TSJ basa su decisión en la interpretación de las normas autonómicas. Estas no atribuyen al entonces presidente de la Generalitat un deber jurídico de actuación directa en la gestión de emergencias. Por tanto, no existía una posición de garante exigible bajo el Código Penal.
La sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige indicios sólidos y cualificados para abrir una investigación contra un aforado. En este caso, no se aportaron pruebas que cumplieran ese umbral.
La distinción con el Caso Gallardo
Los jueces descartan equiparar la situación de Mazón con el Caso Gallardo, resuelto por el TSJ de Extremadura. Mazón ya era diputado autonómico antes del 29 de octubre de 2024 —fecha clave de la dana— y lo sigue siendo. No hubo una adquisición estratégica del cargo para eludir competencias.
¿Qué significa que Mazón conserve su aforamiento?
El aforamiento es una inmunidad procesal que traslada la competencia de juzgar a instancias superiores. En este caso, el TSJCV confirmó que no hay base legal para retirárselo. La sala subraya que no se detectó abuso de derecho en su condición de diputado.
Esto implica que cualquier eventual acción penal contra Mazón debería tramitarse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no ante juzgados de instrucción ordinarios.
¿Qué dice la jueza de la dana al respecto?
La jueza instructora del caso dana ha asumido la tesis del TSJ. En su auto, reitera que Mazón no tenía la obligación legal de coordinar la respuesta a la emergencia. Su rol se limitaba a funciones políticas generales, no operativas ni técnicas.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta decisión?
La resolución refuerza la certeza jurídica para cargos públicos, pero genera desconfianza entre las víctimas. Más de 200 municipios sufrieron daños por la dana. Las pérdidas económicas superan los 500 millones de euros, según estimaciones de la Conselleria de Hacienda.
El marco legal valenciano —Ley 10/2008 de Protección Civil— asigna la coordinación operativa al Consell de Seguretat, no al presidente. Esa distribución de competencias es clave para entender la decisión judicial.
¿Qué dice la normativa sobre la responsabilidad política?
La Ley Orgánica 5/1995 regula el aforamiento de altos cargos. Exige que la acusación demuestre una conducta dolosa o gravemente negligente vinculada al ejercicio de funciones. El TSJ no encontró ese nexo.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El TSJCV desestimó por unanimidad los recursos contra Mazón.
- No se apreció abuso de derecho en su condición de diputado autonómico.
- La jurisprudencia exige indicios sólidos y cualificados, no meras sospechas.
- Mazón no tenía deber jurídico de coordinación según la normativa valenciana.
- La jueza instructora del caso dana ratificó esta interpretación.
- Las pérdidas económicas por la dana superan los 500 millones de euros.
La decisión no cierra la vía civil. Las víctimas pueden seguir reclamando responsabilidad patrimonial de la Generalitat. Pero la vía penal contra Mazón queda bloqueada mientras no surjan nuevos elementos probatorios que modifiquen el juicio de indicios.
