Un hombre de 29 años fue detenido en Cullera por cultivar 400 plantas de cannabis y mantener 55 gallos usados en peleas ilegales. El operativo reveló un enganche eléctrico fraudulento, equipamiento de cultivo valorado en más de 10.000 euros, y lesiones compatibles con adiestramiento para combate en las aves. La acción de la Guardia Civil y el Seprona marca un caso emblemático de convergencia entre delitos contra la salud pública y maltrato animal.
¿Qué delitos se imputan al detenido en Cullera?
El hombre enfrenta dos acusaciones principales: un delito contra la salud pública por cultivo y posesión de cannabis y un delito de maltrato de animales domésticos, tipificado en el Código Penal español (artículo 337). La posesión de 126 gramos de cogollos y la escala industrial del cultivo —con sistemas de climatización y extracción de olores— agravaron la responsabilidad penal.
¿Por qué los gallos son prueba clave del delito?
Los 55 gallos, de razas orientales y españolas, presentaban cicatrices, heridas antiguas y mutilaciones compatibles con preparación para peleas. Veterinarios de la Conselleria de Agricultura confirmaron que carecían de registro zoológico, documentación sanitaria y licencia de tenencia. Su uso en combate está prohibido expresamente por la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales.
¿Qué implica el enganche eléctrico fraudulento en este caso?
El enganche ilegal al suministro eléctrico no es solo una infracción administrativa. En casos de cultivo indoor, se considera un elemento agravante bajo la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, porque facilita actividades ilícitas y pone en riesgo la red pública. Aquí, el fraude permitió alimentar sistemas de iluminación LED, ventilación y control de humedad —todos indispensables para un cultivo profesional de cannabis.
¿Qué papel juega el Seprona en estos operativos?
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) actuó en coordinación con la Guardia Civil. Su intervención fue decisiva para documentar el estado de los gallos y certificar las lesiones. El Seprona tiene competencia exclusiva en maltrato animal, tenencia ilegal de especies protegidas y gestión de núcleos zoológicos no autorizados.
¿Cuál es el impacto económico y social de este tipo de operativos?
Estos casos no solo afectan la seguridad ciudadana. Generan pérdidas fiscales por fraude eléctrico, evasión de impuestos y costes veterinarios públicos. Además, el tráfico de gallos de pelea está vinculado a redes de apuestas ilegales y lavado de dinero, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO). En la Comunitat Valenciana, se han detectado al menos 7 operativos similares en los últimos 18 meses.
¿Qué marco legal regula las peleas de gallos en España?
Las peleas de gallos están prohibidas en todo el territorio nacional desde la Ley 32/2007, reforzada por la Ley 10/2023 de Bienestar Animal, que eleva las penas y exige la inscripción obligatoria de cualquier tenencia de aves de combate. No existe excepción regional: ni la Generalitat Valenciana, ni ningún otro gobierno autónomo, puede autorizarlas.
Datos Clave
- Se incautaron 400 plantas de cannabis, cortadas días antes del operativo.
- Se hallaron 126 gramos de cogollos y una carabina.
- Los 55 gallos tenían lesiones compatibles con entrenamiento para peleas.
- El enganche eléctrico fraudulento alimentaba sistemas de cultivo valorados en +10.000 €.
- El detenido es de nacionalidad cubana, y actuaba sin licencia ni registro zoológico.
- Se formuló una docena de infracciones penales adicionales, incluyendo falta de núcleo zoológico autorizado.
El caso refleja una tendencia creciente: la hibridación de delitos (drogas + maltrato animal + fraude eléctrico) exige respuestas interdepartamentales. La coordinación entre Guardia Civil, Seprona y administraciones autonómicas es ahora un estándar operativo, no una excepción. La fiscalía valenciana ya ha solicitado la calificación de delito continuado, lo que podría elevar la pena máxima a 5 años de prisión.
