El Ayuntamiento de Valencia impulsa un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La causa: la denegación de una prórroga para las obras de la avenida Pérez Galdós. El plazo original finalizaba en junio de 2025. Tras una primera ampliación hasta diciembre de 2025, el Consistorio solicitó una segunda prórroga de seis meses a un año. El Ministerio no respondió. Esa inacción desencadenó la vía judicial. El recurso se formalizó el 13 de enero de 2026, tras la desestimación de alegaciones el 12 de noviembre de 2025.
¿Por qué el Ayuntamiento recurre al contencioso-administrativo tras la denegación de la prórroga?
La vía contencioso-administrativa es el mecanismo legal para impugnar actos de la Administración Pública. En este caso, se cuestiona la falta de resolución expresa del Ministerio. La Ley 39/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público exige respuesta en plazo. Su silencio administrativo se considera denegación tácita. Pero aquí, ni siquiera hubo resolución expresa tras el requerimiento previo. Eso agrava la vulneración del derecho de acceso a la justicia.
¿Qué riesgos económicos tiene la paralización de Pérez Galdós?
El proyecto forma parte de la estrategia de movilidad sostenible cofinanciada por fondos europeos NextGenerationEU. La paralización pone en riesgo hasta el 80 % de los 4,2 millones de euros asignados. Según fuentes municipales, ya se han perdido 1,1 millones por retrasos acumulados. La pérdida no es solo financiera: afecta a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Cada mes de retraso incrementa los costes de gestión en un 3,2 %, según el informe técnico del Servicio de Proyectos Europeos.
Impacto en la movilidad urbana
La avenida Pérez Galdós es eje estructural de la red ciclista valenciana. Su finalización permitiría conectar 7 barrios y reducir un 18 % las emisiones de CO₂ en el corredor. Sin ella, persisten los atasco crónicos y la saturación de vías alternativas. Los datos del Observatorio de Movilidad Urbana de la Generalitat confirman un aumento del 22 % en tiempos de desplazamiento en la zona desde 2024.
¿Qué marco legal regula las prórrogas en proyectos con fondos europeos?
Las prórrogas en proyectos financiados por la UE deben cumplir el Reglamento (UE) 2021/241 y la Orden HFP/1072/2022. Exigen justificación técnica, informe favorable del órgano gestor y notificación previa a la Comisión Europea. El Ministerio no exigió informe técnico al Ayuntamiento. Tampoco notificó a Bruselas la denegación. Esa omisión podría activar mecanismos de revisión financiera por parte de la DG REGIO.
¿Qué otros proyectos están afectados?
El mismo documento del 10 de abril revela que el Ministerio denegó una prórroga de seis meses para un proyecto de carriles bici. En cambio, sí aprobó una prórroga de dos meses para sensorización de plazas PMR. Esta disparidad genera dudas sobre la coherencia técnica y la priorización política. El Ayuntamiento ha iniciado ya la revisión de 12 proyectos similares bajo el PRTR.
¿Qué consecuencias tiene el silencio administrativo en materia de fondos europeos?
El silencio del Ministerio no es neutro. Genera incertidumbre jurídica, paraliza pagos y dificulta la planificación presupuestaria. Según el Tribunal de Cuentas, el 34 % de los retrasos en fondos europeos en 2025 se debieron a falta de resoluciones administrativas. En Valencia, esto ha provocado la acumulación de 17 expedientes pendientes de resolución ministerial.
Datos Clave
- El plazo final de las obras de Pérez Galdós expiró el 31 de diciembre de 2025.
- El recurso contencioso se presentó el 13 de enero de 2026, tras 62 días sin respuesta ministerial.
- Se han perdido 1,1 millones de euros de fondos europeos por retrasos acumulados.
- El proyecto afecta directamente a 7 barrios y 42.000 habitantes.
- El Ministerio aprobó una prórroga de 2 meses para sensorización PMR, pero denegó 6 meses para carriles bici.
La situación refleja una tensión estructural entre la gestión local y la supervisión ministerial. No es solo un problema de plazos. Es una cuestión de gobernanza financiera, transparencia administrativa y cumplimiento de compromisos europeos. La resolución del recurso marcará un precedente para otros municipios con proyectos bajo el PRTR.
