La reciente decisión de la Fiscalía de archivar la investigación sobre el pendrive entregado por Leire Díez ha generado un amplio debate en el ámbito político y judicial. Este dispositivo, que contenía supuesta información sensible sobre las ‘cloacas del Estado’, no aportó nuevos indicios de delitos, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La Fiscalía concluyó que los datos ya estaban judicializados en otros procedimientos, lo que complica aún más la situación de Díez, quien ya enfrenta investigaciones por cohecho y tráfico de influencias.
La entrega del pendrive se produjo en un contexto de creciente tensión dentro del PSOE, donde Díez, exmilitante del partido, buscaba defender su labor como periodista de investigación. Sin embargo, las acusaciones de extorsión y la búsqueda de información comprometedora contra altos mandos judiciales han puesto en tela de juicio su versión. La portavoz del PSOE, Esther Peña, defendió la entrega del material a la justicia como un acto de transparencia, aunque la situación de Díez sigue siendo crítica, con múltiples frentes legales abiertos en su contra.
