Un funcionario de la Generalitat ha sido objeto de un expediente disciplinario tras ser acusado de irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante. Este caso ha generado un gran revuelo, especialmente porque el funcionario en cuestión es cónyuge de una de las solicitantes de VPP. La dirección general de Función Pública, bajo la dirección de Eva Coscollà, le otorgó dos comisiones de servicio, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia de estos ascensos. La primera comisión se concedió en 2016, y la segunda en 2018, coincidiendo con el inicio de la tramitación de las viviendas en cuestión.
Las acusaciones incluyen la omisión de información relevante sobre su unidad de convivencia, lo que podría constituir una falta grave. La Generalitat ha tomado medidas cautelares, suspendiendo al funcionario de su empleo y sueldo mientras se lleva a cabo la investigación. Este escándalo ha puesto en el centro del debate la gestión de la Función Pública y la ética en la administración pública, generando críticas hacia el partido Compromís, que ha estado en el poder durante este periodo.
