El Gobierno español ha tomado la decisión de regularizar a más de 500,000 inmigrantes en situación irregular mediante un real decreto. Esta medida, que se espera que sea aprobada en el Consejo de Ministros, surge tras un acuerdo entre Podemos y el PSOE, y tiene como objetivo beneficiar a aquellos que han residido en el país al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. La eurodiputada Irene Montero ha sido la encargada de anunciar esta iniciativa, destacando que se trata de un paso hacia la justicia social y el reconocimiento de derechos fundamentales para quienes han llegado a España en busca de una vida mejor.
Los inmigrantes que cumplan con el requisito de permanencia podrán presentar documentos como contratos de alquiler o certificados de asistencia a servicios sociales para demostrar su situación. Una vez que se inicie el proceso, se suspenderán las órdenes de expulsión y se les otorgará una autorización de residencia provisional que les permitirá trabajar legalmente y acceder a la asistencia sanitaria. Esta medida responde a un aumento significativo en el número de migrantes en situación irregular en el país, que ha crecido un 685% en los últimos ocho años, según estimaciones de expertos.
