La ley 20/2021, aprobada el 28 de diciembre de 2021, tenía como objetivo reducir la temporalidad en el empleo público en España, estableciendo un límite del 8% para la tasa de temporalidad estructural en las Administraciones Públicas. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite de 2024, los datos revelan un panorama preocupante en la Generalitat Valenciana. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, a finales de 2024, de las 168,563 personas empleadas, 86,202 eran temporales, lo que representa un alarmante 51.1%. Este porcentaje es más de seis veces superior al objetivo establecido por la ley, lo que pone de manifiesto las dificultades que enfrenta la administración para cumplir con las directrices europeas.
La situación es especialmente crítica en el sector de la Sanidad, donde la tasa de temporalidad alcanza un 72.4%. Este incremento en la temporalidad se ha mantenido en ascenso desde la entrada en vigor de la ley, pasando del 67% en 2021 al 71.6% en 2023. La conselleria de Sanidad justifica esta alta temporalidad por la naturaleza del trabajo en el sector, que requiere cubrir ausencias de profesionales y ha sido exacerbada por la pandemia, que obligó a aumentar temporalmente las plantillas. Además, el agotamiento y las jubilaciones anticipadas han creado un círculo vicioso que perpetúa la necesidad de recurrir a interinos.
En otros sectores, como la educación y la justicia, la tasa de interinidad también es significativa, con un 30.9% y un 35.1% respectivamente. Aunque estas cifras están por debajo de la media general, siguen estando lejos del objetivo del 8% que la normativa establece. Es importante señalar que, al momento de la elaboración del informe, muchos procesos de estabilización aún estaban en curso, lo que podría significar que la realidad de la temporalidad podría ser diferente en los próximos años, una vez que se completen estos procesos.
### Retos en la Estabilización del Empleo Público
A pesar de los esfuerzos por estabilizar el empleo público, la cifra del 51.1% de temporalidad al cierre de 2024 indica que la Generalitat ha seguido dependiendo de la contratación temporal. En 2023, esta cifra era del 49.6%, lo que sugiere que, a pesar de la ley de 2021, la administración no ha logrado reducir significativamente la temporalidad. Las razones detrás de esta situación son complejas. Las limitaciones en la tasa de reposición impiden cubrir adecuadamente las necesidades reales de la administración, especialmente ante el aumento de jubilaciones. Las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que se han convocado no han sido suficientes para satisfacer la demanda, lo que ha llevado a una mayor dependencia de personal temporal.
El plan estratégico de recursos humanos 2024-2027 de la Generalitat reconoce el problema de la temporalidad, que ha aumentado un 108% en la última década, pasando del 35.3% al 55%. En respuesta a esta situación, el gobierno de Carlos Mazón consideró implementar medidas como la unificación de exámenes para las macrooposiciones, con el fin de evitar que los aspirantes obtuvieran múltiples puestos y, por ende, dejaran vacantes que debían ser cubiertas por interinos. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada tras consultar a los sindicatos, lo que refleja la complejidad de abordar el problema de la temporalidad en el empleo público.
A pesar de las cifras de interinidad que ya rondaban el 50% en 2023, la Generalitat se mostró ambiciosa en su plan contra la temporalidad. En una entrevista, el director general de Función Pública, Javier Lorente, se comprometió a reducir los índices de temporalidad a entre un 13% y un 15% para 2024, con la meta de alcanzar el 8% exigido por la Unión Europea para 2025. Sin embargo, los resultados de estas iniciativas aún son inciertos y dependerán de la finalización de los procesos de estabilización y de la capacidad de la administración para adaptarse a las necesidades del mercado laboral.
La situación actual del empleo público en la Generalitat Valenciana pone de manifiesto la dificultad de implementar reformas efectivas en un contexto donde la temporalidad sigue siendo un problema estructural. La combinación de factores como la falta de recursos, la necesidad de cubrir vacantes y la resistencia a cambios significativos en los procesos de selección y contratación han contribuido a que la temporalidad se mantenga en niveles alarmantes. A medida que se acerca la fecha límite de 2025, será crucial observar cómo se desarrollan los procesos de estabilización y si la Generalitat logra cumplir con los objetivos establecidos por la ley y las directrices europeas.
