La reciente fiscalización realizada por la Sindicatura de Comptes ha puesto de relieve un asunto controvertido en la gestión de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana. Según el informe, las empresas concesionarias de áreas sanitarias privatizadas podrían haber obtenido beneficios extraordinarios durante la pandemia de Covid-19, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad en la gestión de los recursos públicos. Este análisis se centra en el modelo de concesiones sanitarias, conocido como modelo Alzira, que ha sido objeto de críticas y revisiones en los últimos años.
Uno de los puntos más destacados del informe es la posible sobreestimación de la cápita, que es la cantidad que la conselleria paga a las empresas por cada ciudadano atendido. Durante los años de la pandemia, esta cápita se incrementó considerablemente, lo que llevó a que las liquidaciones de ciertos ejercicios resultaran en saldos a favor de las concesionarias, en lugar de a favor de la administración. Este fenómeno ha suscitado preocupaciones sobre un posible enriquecimiento injusto de las empresas que gestionan la sanidad, especialmente en áreas como Dénia y Elx-Crevillent, donde las liquidaciones de 2020 a 2022 han mostrado ajustes significativos que benefician a las concesionarias.
### Impacto de la Pandemia en las Liquidaciones Sanitarias
El informe de la Sindicatura señala que, en el caso del área sanitaria de Torrevieja, las liquidaciones de los ejercicios 2020 y 2021 incluyen un ajuste de cápita de 25 millones de euros a favor de la concesionaria, un monto que supera con creces los ajustes de años anteriores. Este ajuste ha sido interpretado como un indicativo de que la pandemia ha alterado de manera significativa la relación financiera entre la administración y las empresas concesionarias. La Viceintervención general de la administración sanitaria ha emitido observaciones sobre las liquidaciones, sugiriendo que la fórmula de actualización de la cápita debería ser revisada para evitar un enriquecimiento injusto de los contratistas.
La situación se complica aún más debido a que la Conselleria de Sanidad aprobó las liquidaciones en febrero y mayo de 2025 antes de solicitar un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, lo que ha generado críticas sobre la falta de procedimiento adecuado. Este dictamen es crucial, ya que podría influir en cómo se interpretan las liquidaciones futuras y en la forma en que se aplican las actualizaciones de la cápita en el contexto de la pandemia. La falta de claridad y la aparente prisa por aprobar las liquidaciones han llevado a cuestionamientos sobre la gestión y la supervisión de las concesiones sanitarias.
### Falta de Supervisión en la Rentabilidad de las Concesiones
Otro aspecto alarmante que destaca el informe es la falta de cumplimiento de la cláusula 4.9 de los pliegos de concesión, que estipula que se deben realizar auditorías cada cinco años para verificar que la tasa interna de rentabilidad no supere el 7,5% de las inversiones realizadas. La Sindicatura ha señalado que la Conselleria no ha llevado a cabo estas auditorías en ninguno de los cinco contratos de concesión, lo que plantea serias dudas sobre la vigilancia de la rentabilidad y la correcta utilización de los fondos públicos.
Los responsables de la conselleria han indicado que tienen la intención de realizar estas auditorías tras la aprobación de las liquidaciones pendientes, pero la falta de acción hasta ahora ha generado desconfianza. La ausencia de un control riguroso sobre la rentabilidad de las concesiones podría permitir que las empresas obtengan beneficios desproporcionados a expensas de la calidad del servicio sanitario ofrecido a la población.
La situación actual ha llevado a la oposición política a exigir explicaciones al Consell sobre lo que han calificado como un «pelotazo millonario» en las concesiones sanitarias. La presión para que se realicen auditorías y se revisen las liquidaciones es cada vez mayor, ya que los ciudadanos demandan transparencia y responsabilidad en la gestión de la sanidad pública.
En resumen, el informe de la Sindicatura de Comptes revela una serie de irregularidades y preocupaciones en la gestión de las concesiones sanitarias en la Comunidad Valenciana. La combinación de ajustes significativos en las liquidaciones, la falta de auditorías y la falta de claridad en los procedimientos administrativos plantea serias preguntas sobre la equidad y la transparencia en la gestión de la sanidad pública. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo responde el Consell a estas preocupaciones y si se implementan cambios significativos en la gestión de las concesiones sanitarias.
