Las reformas recientes en el Reglamento de Les Corts han generado un intenso debate político en Valencia. La modificación, aprobada por el PP y Vox, incluye la eliminación de comisiones no permanentes y la supresión del lenguaje inclusivo, lo que ha suscitado críticas por parte de PSPV y Compromís. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de transferir créditos entre presupuestos de órganos estatutarios, lo que podría afectar gravemente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y la vicepresidenta segunda, Magda González, han estado en el centro de estas discusiones, mientras que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su desacuerdo con algunos aspectos de la reforma.
El plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Esto significa que el 30 de marzo se cerrará la ventana para que el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o un grupo de 50 diputados o senadores puedan impugnar el nuevo reglamento. Sin embargo, solo el recurso del presidente del Gobierno podría suspender la aplicación inmediata de la norma, lo que añade una capa de urgencia a la situación. La posibilidad de que el PSOE y otros partidos de izquierda se unan para presentar un recurso se mantiene abierta, lo que podría cambiar el rumbo de la legislación en Valencia.
