La reciente decisión de Junts de bloquear la legislatura ha generado un impacto significativo en la Comunitat Valenciana. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, ha anunciado su oposición a todas las leyes presentadas por el Gobierno, lo que pone en jaque la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Sin el apoyo de Junts, el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta con la mayoría necesaria para avanzar en sus iniciativas, lo que ha llevado a la prórroga de los presupuestos de 2023, que ya han sido criticados por su falta de inversión en la provincia de Alicante.
El contexto actual es preocupante, ya que la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de infrafinanciación crónica. La falta de un nuevo modelo de financiación autonómica, que debería haberse actualizado desde 2014, agrava aún más la situación. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había prometido un nuevo modelo, pero su implementación sigue sin concretarse. Esto significa que la Comunitat Valenciana seguirá recibiendo menos recursos que otras comunidades autónomas, perpetuando un ciclo de déficit y deuda que afecta a su desarrollo y bienestar.
Además, el veto de Junts también podría bloquear otras iniciativas importantes, como la reforma de la ley de Costas y la derogación de los Decretos de Nueva Planta, que buscan reconocer las singularidades históricas y culturales de la región. La falta de avances en estas áreas representa un obstáculo para el progreso y la justicia social en la Comunitat Valenciana.
