El Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional debido a la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta acción se enmarca en un contexto político tenso, donde el presidente Pedro Sánchez ha incumplido los plazos establecidos por la Constitución para la presentación de las cuentas. Según el artículo 134.3, el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, lo que significa que la fecha límite era el 30 de septiembre. La falta de un proyecto presupuestario ha llevado al PP a plantear un conflicto de atribuciones, una estrategia que han utilizado en varias ocasiones en esta legislatura.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado duramente al presidente, afirmando que su inacción está perjudicando a los ciudadanos. García ha declarado que el Gobierno no puede seguir ignorando su responsabilidad legislativa, y ha prometido que, si el PP llega al poder, se implementarán cambios en la Ley General Presupuestaria para obligar a la disolución de las Cámaras si no se aprueban los Presupuestos durante dos años consecutivos. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la legitimidad del Gobierno y su capacidad para gobernar en un marco de parálisis legislativa.
