La reciente creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre los efectos de la DANA que devastó la provincia de Valencia ha generado un intenso debate político. Aprobada el 28 de noviembre, esta comisión ha sido objeto de críticas por parte de los partidos PSPV y Compromís, quienes acusan a PP y Vox de retrasar su trabajo. A pesar de que la comisión tiene un plazo de doce meses para presentar sus conclusiones, hasta ahora ha logrado cubrir menos de la mitad de las comparecencias programadas. La situación se complica aún más con la negativa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, a comparecer ante el órgano, lo que ha llevado a acusaciones de falta de respeto hacia las víctimas de la tragedia.
La postura del PSPV ha sido cuestionada, ya que, a pesar de criticar la lentitud de la comisión, también rechazaron la solicitud de comparecencia de Polo. Esta contradicción ha sido utilizada por el portavoz del PP en la comisión, Nando Pastor, quien ha calificado la actitud de Polo como un «insulto a las víctimas». La falta de acción y la aparente protección del PSOE hacia Polo han alimentado la percepción de que hay un intento de ocultar la verdad sobre la gestión de la crisis. La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de la comisión y la responsabilidad política en la gestión de desastres naturales en la región.
