La situación legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se complica tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de someterla a juicio por malversación. Este proceso judicial se deriva de la supuesta utilización de su asistente personal, Cristina Álvarez, para gestionar actividades relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. La decisión del juez se basa en la falta de respuestas claras por parte de Gómez y Álvarez durante sus declaraciones, lo que ha llevado a la conclusión de que existen indicios sólidos de delitos.
El juez ha programado una comparecencia para comunicar a las implicadas que, si el caso avanza, serán juzgadas por un jurado popular. Esta medida es inusual en casos de corrupción, lo que resalta la gravedad de las acusaciones. Además, el instructor ha señalado que los correos electrónicos presentados en el caso refuerzan las acusaciones de malversación, sugiriendo que Álvarez desempeñó un papel activo en la gestión de la cátedra, a pesar de que Gómez argumentó que su asistencia era solo un favor personal. La situación se torna más compleja con la inclusión del actual delegado del Gobierno en Madrid, quien también será llamado a declarar.
