Una reciente decisión judicial ha puesto en el centro de la atención a dos exdirectores de la Guardia Civil, quienes están siendo investigados por su posible implicación en el espionaje a socios independentistas del Gobierno español. La jueza Miriam de Rosa Palacio ha admitido a trámite una querella presentada por cinco afectados, que incluye a figuras destacadas como el empresario y exsenador de Junts, Joan Matamala. Esta acción legal se basa en el uso de software de espionaje como Pegasus y Candiru, que supuestamente se utilizó para acceder a datos confidenciales de los denunciantes.
El caso se complica aún más al involucrar a Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien ya enfrenta acusaciones en otras causas relacionadas con el mismo escándalo. La querella también señala a varios responsables de la empresa israelí NSO, que desarrolla el malware Pegasus. Este desarrollo marca un hito significativo en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de los ciudadanos frente a prácticas de vigilancia invasivas.
