La reciente declaración de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante la jueza y el fiscal ha revelado detalles cruciales sobre la gestión de la emergencia provocada por la dana en Valencia. Tras diez meses de silencio, Polo se presentó para explicar su versión de los hechos, defendiendo su actuación y la de su organismo en un contexto de acusaciones sobre un supuesto apagón informativo. Durante más de ocho horas, Polo expuso los eventos que rodearon la crisis, centrándose en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre, donde se discutieron las inundaciones y la situación de las presas.
La declaración de Polo se centró en varios puntos clave, comenzando por su afirmación de que la CHJ había anticipado el desastre en la presa de Forata, ubicada en el río Magro. Según su testimonio, la responsabilidad del control del barranco del Poyo recaía en la Generalitat Valenciana, que es la entidad competente en el Plan especial ante el riesgo de inundaciones. A lo largo de su comparecencia, Polo defendió que la CHJ había proporcionado información detallada sobre el estado de las presas y el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que monitorea la pluviometría y los caudales en la región.
Uno de los momentos más destacados de su declaración fue la descripción de la reunión del Cecopi, donde se produjeron varios recesos. Polo mencionó que, durante la primera pausa, se discutió la situación de la presa de Forata, y que él mismo había instado a enviar un mensaje de alerta a la población. Sin embargo, se encontró con resistencia por parte de los responsables de Emergencias de la Generalitat, quienes cuestionaron la necesidad de declarar la emergencia. Esta falta de consenso generó frustración entre los representantes de la CHJ, quienes sentían que no se estaban tomando decisiones adecuadas en un momento crítico.
### La gestión de la información y la alerta a la población
Uno de los aspectos más controvertidos de la declaración de Polo fue su insistencia en que no hubo un apagón informativo. Aseguró que la CHJ había estado proporcionando información constante y que, en su opinión, esta información estaba siendo considerada en las decisiones del Cecopi. Sin embargo, el fiscal Cristobal Melgarejo cuestionó la efectividad de esta comunicación, señalando que hubo un retraso significativo en el envío de alertas sobre el caudal del barranco del Poyo. Según el fiscal, durante un periodo crítico, no se enviaron correos electrónicos alertando sobre el aumento del caudal, lo que podría haber contribuido a la falta de preparación ante la emergencia.
Polo defendió que, aunque el SAIH no había enviado alertas en ese intervalo, la situación era asumible y que la CHJ había estado monitoreando el caudal. Sin embargo, el fiscal destacó que, en ese mismo periodo, se habían superado umbrales críticos de caudal, lo que generó dudas sobre la eficacia del sistema de alerta. Esta discrepancia entre la percepción de Polo y las evidencias presentadas por el fiscal ha alimentado el debate sobre la gestión de la crisis y la responsabilidad de las distintas entidades involucradas.
### La responsabilidad en la gestión de emergencias
La declaración de Polo también abordó la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en la gestión de la emergencia. Afirmó que, aunque la CHJ había proporcionado información y alertas, la decisión final sobre la declaración de emergencia y las medidas a tomar recaía en la Generalitat. Esta afirmación ha generado un intenso debate sobre la coordinación entre las distintas entidades durante la crisis. La consellera de Emergencias, Salomé Pradas, fue mencionada en varias ocasiones por Polo, quien destacó que había dudas sobre su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en un momento de crisis.
El testimonio de Polo ha puesto de relieve la complejidad de la gestión de emergencias en situaciones de crisis como la dana. La falta de comunicación efectiva y la resistencia a tomar decisiones rápidas pueden tener consecuencias devastadoras, como se evidenció en los trágicos resultados de la inundación. La situación se complicó aún más por la falta de medidores de caudal en algunos de los afluentes que contribuyeron a la inundación, lo que dificultó la evaluación precisa de la situación.
En resumen, la declaración de Miguel Polo ha abierto un debate sobre la gestión de la emergencia provocada por la dana en Valencia, destacando la importancia de la coordinación entre las distintas entidades y la necesidad de un sistema de alerta eficaz. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial seguir de cerca cómo se aborda la responsabilidad y la mejora de los protocolos de emergencia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
