El pasado 19 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un acto solemne en el monasterio de San Miguel de los Reyes, donde se impusieron las medallas al mérito policial de la Generalitat Valenciana. Este evento, que se celebra anualmente, tuvo un trasfondo de controversia debido a la inclusión de ciertos galardonados, lo que generó un ambiente de tensión y debate en torno a la transparencia y la justicia de los reconocimientos.
La ceremonia fue presidida por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien personalmente colocó las distinciones a los premiados. Durante su discurso, Mazón destacó el valor, sacrificio y lealtad de los galardonados, enfatizando que estos reconocimientos son un reflejo del compromiso de los agentes en el cumplimiento de su deber, especialmente en situaciones de alta complejidad. En total, se otorgaron 107 condecoraciones, que incluyeron 19 medallas de oro, 66 de plata, una de bronce, 16 diplomas de reconocimiento y cinco distinciones honoríficas.
Sin embargo, la entrega de estas medallas no estuvo exenta de polémica. Desde el anuncio de los galardonados, surgieron cuestionamientos sobre la inclusión de ciertos nombres, especialmente aquellos vinculados a la seguridad del presidente Mazón. La jefa de seguridad del Palau, Pilar Bojo, fue uno de los nombres más controvertidos, ya que se le ha relacionado con el borrado de grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio durante un evento clave en octubre de 2024. Este hecho ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de su reconocimiento, sugiriendo que podría ser un intento de silenciar a quienes tienen información sobre lo sucedido en esa fecha.
### La Reacción de la Oposición y la Sociedad
La oposición política ha sido crítica con la forma en que se han otorgado estas condecoraciones. La diputada socialista Marisa Navarro expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección de los galardonados, argumentando que esto ensombrece el valor del acto en sí. Según Navarro, el reconocimiento a los agentes que arriesgaron sus vidas para proteger a la ciudadanía debería ser un proceso claro y justo, y no estar influenciado por intereses políticos o personales.
Además, la controversia se ha intensificado debido a la percepción de que algunos de los galardonados, en particular los escoltas de Mazón, han recibido sus distinciones como un medio para asegurar su lealtad y silencio sobre los eventos del 29 de octubre. Este tipo de acusaciones ha llevado a un clima de desconfianza entre los agentes de la Policía y la administración, lo que podría tener repercusiones en la moral y el desempeño de las fuerzas de seguridad en la región.
Por otro lado, entre los galardonados también se encuentran figuras destacadas en el ámbito de la salud y la justicia, como Purificación Beltrán, jefa de las unidades de valoración forense integral, y Paula Grau, abogada especializada en violencia machista. Estos reconocimientos han sido bien recibidos y destacan la importancia de la colaboración entre diferentes sectores para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.
### Implicaciones para la Seguridad Pública
La controversia en torno a la entrega de medallas plantea preguntas importantes sobre la gestión de la seguridad pública en la Comunidad Valenciana. La falta de 125 agentes, mencionada por Mazón en su discurso, subraya la necesidad de una inversión adecuada en recursos humanos y materiales para garantizar la eficacia de las fuerzas de seguridad. La situación actual, marcada por la polémica y la desconfianza, podría afectar la capacidad de la Policía para operar de manera efectiva y mantener la seguridad en la región.
El acto de entrega de medallas, que debería ser un momento de celebración y reconocimiento, se ha visto empañado por la controversia y las dudas sobre la integridad del proceso. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas para abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. La transparencia en la selección de galardonados y un compromiso genuino con la mejora de las condiciones laborales de los agentes son pasos cruciales para avanzar hacia un entorno más seguro y justo para todos los ciudadanos.
