Una mujer en Valencia se encuentra en el centro de un caso judicial por presunta extorsión a varios hombres que intentaron contratar servicios sexuales a través de plataformas de citas en línea. La acusada, que enfrenta una posible condena de tres años y medio de prisión, es acusada de haber chantajeado a sus víctimas, quienes nunca llegaron a concretar citas, utilizando sus números de teléfono para amenazarlos con revelar sus identidades a sus círculos cercanos. La situación se complicó cuando la mujer, de 37 años y con antecedentes penales, no se presentó a su juicio programado, lo que llevó a un aplazamiento del mismo.
Las extorsiones, que se llevaron a cabo entre junio y agosto de 2020, involucraron a al menos cuatro hombres que, tras contactar con la acusada, recibieron mensajes amenazantes exigiendo pagos significativos. En uno de los casos, un hombre que había preguntado por tarifas de servicios recibió entre 30 y 40 mensajes de WhatsApp en los que se le exigía el pago de 980 euros por las «pérdidas» que la acusada alegaba haber sufrido debido a la cancelación de la cita. A pesar de las amenazas, el hombre se negó a realizar el pago, lo que llevó a los extorsionadores a insistir en que vendiera bienes personales o enfrentaría consecuencias.
Otro de los afectados, que también había contactado con la mujer, recibió un mensaje exigiendo 480 euros por el tiempo perdido, bajo la amenaza de que un «hombre enfadado» acudiría a su hogar si no cumplía con la demanda. Este hombre, temiendo por su seguridad, terminó realizando el pago. En un tercer caso, un hombre que había acordado un servicio por 60 euros fue amenazado con un cobro de 680 euros tras no concretar la cita, y posteriormente, se le exigió una suma aún mayor de 1.360 euros, lo que lo llevó a renunciar a la posibilidad de recuperar el dinero que había pagado.
El último afectado, quien recibió mensajes amenazantes que lo acusaban de molestar a las chicas, también terminó transfiriendo 980 euros a la cuenta de la acusada por miedo a represalias. Este patrón de extorsión se repitió con cada víctima, quienes, a pesar de no haber concretado encuentros, se vieron obligados a pagar sumas significativas para evitar problemas mayores.
El Ministerio Fiscal ha presentado cargos de extorsión continuada contra la acusada, solicitando una pena de tres años y seis meses de prisión. Alternativamente, si no se puede demostrar su implicación directa en los chantajes, se le podría condenar a dos años de prisión y una multa de 6.420 euros por un delito de blanqueo de capitales, ya que se le acusa de haber abierto una cuenta bancaria a su nombre a cambio de 300 euros, permitiendo que otros la utilizaran para actividades ilícitas.
Este caso pone de relieve no solo la gravedad de la extorsión en el contexto de la prostitución, sino también las vulnerabilidades de los hombres que buscan servicios sexuales, quienes a menudo se encuentran en situaciones de riesgo y miedo. La acusada, que actuaba presuntamente en complicidad con otros individuos no identificados, logró obtener un beneficio patrimonial de 4.480 euros a través de sus acciones delictivas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, solo dos de los hombres que fueron chantajeados han solicitado indemnización por los daños sufridos.
La situación legal de la acusada sigue en desarrollo, y el aplazamiento del juicio ha dejado a las víctimas en un estado de incertidumbre. Este caso resalta la necesidad de una mayor protección para aquellos que, por diversas razones, se ven involucrados en el mundo de la prostitución y los servicios sexuales, así como la importancia de abordar las dinámicas de poder y control que permiten que tales extorsiones ocurran con impunidad. La sociedad debe reflexionar sobre cómo se pueden prevenir estos delitos y proteger a las víctimas, independientemente de su situación personal o profesional.
