La reciente decisión del Gobierno español de implementar un decreto para el reparto de menores migrantes ha desatado una intensa controversia política. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que es injusta y arbitraria. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido que se utilizarán todos los recursos disponibles, incluyendo la Fiscalía de Menores y las Fuerzas de Seguridad, para asegurar el cumplimiento del decreto. Esta situación ha generado un clima de tensión entre las distintas administraciones, especialmente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas que se niegan a acoger a los menores.
Las críticas hacia el Gobierno no se han hecho esperar. Los líderes del PP han cuestionado la lógica detrás de la aplicación de este decreto, señalando que comunidades como Cataluña y el País Vasco están exentas de la obligación de recibir migrantes. En respuesta, el lehendakari Imanol Pradales ha intentado calmar las aguas, contactando al presidente andaluz para buscar una colaboración que permita gestionar la llegada de menores migrantes. Sin embargo, las tensiones persisten, y las autonomías populares están considerando diversas estrategias legales para frenar el traslado de estos menores, lo que podría complicar aún más la situación.
